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El continente europeo comienza este año dándole duro al tema de la inmigración y las solicitudes de asilo. Dos regulaciones nuevas aprobadas por el Consejo de la Unión Europea (UE) suponen un giro contundente y le dan a Colombia una nueva categoría: por un lado, se abrirán centros de deportación en otros países y por el otro, se reducirá el cupo de reparto de inmigrantes entre los 27 países que forman la Unión.
En cuanto a Colombia queda en la lista de los “países seguros”, que si bien suena como un buen estatus, en realidad significa que los países europeos pueden devolver a Colombia inmigrantes que piden asilo considerando que en nuestro país no corren riesgos y por ende no necesitan protección internacional.
En cuanto a las dos nuevas normas. Si hace diez años Europa abrió las puertas para recibir una avalancha migratoria de solicitantes de asilo derivada de la inestabilidad de países como Siria y Afganistán, ahora se ha producido un giro ideológico que apuesta por la mano dura. Más de un millón de migrantes y refugiados fueron acogidos en ese entonces, pero esta década demostró que los retos son mayúsculos y el asunto se convirtió en preocupación diaria de los ciudadanos europeos y motivo de división entre los políticos.
Aunque es cierto que Europa padece un problema de envejecimiento progresivo y de falta de mano de obra que sostenga la economía del Viejo Continente, la gente está descontenta con el desorden que percibe en el tratamiento de la inmigración. Más aún cuando se conocen datos como que tres de cada cuatro migrantes irregulares que reciben una orden de retorno en la UE no abandonan el país. Es obvio que la inmigración irregular constituye un problema muy grande que exige establecer políticas adecuadas para que lo que puede ser una oportunidad de progreso compartido no se convierta en un retroceso colectivo.
De manera que no es que se quieran cerrar las puertas, sino organizar el asunto. Y ahí es cuando cobra importancia la lista llamada País de Origen Seguro (POS), que ahora incluye naciones como Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Marruecos, Túnez y Kosovo. Mediante esta lista se agilizan las devoluciones de inmigrantes irregulares, pues se infiere que provienen de países democráticos donde no hay una persecución sistemática, lo que facilita rechazar sus solicitudes de asilo.
La nueva legislación impondrá a los inmigrantes rechazados en el proceso de asilo permanecer a disposición de las autoridades, proporcionar un documento de identidad o de viaje, facilitar sus datos biométricos y no oponerse fraudulentamente al retorno. También habrá consecuencias para los inmigrantes que no cooperen con el regreso, como la denegación o deducción de prestaciones, subsidios y permisos de trabajo o la imposición de sanciones penales que podrían incluir penas de prisión. Quienes apelen esta decisión ya no tendrán derecho automático a permanecer en la UE, mientras dure el proceso, aunque aún podrán solicitarlo ante un tribunal.
En cuanto a la medida que permite abrir más centros de deportación fuera de la Unión Europea, se va a seguir el ejemplo de Italia en Albania. Hasta ahora, la normativa exigía que existiera una “conexión significativa” entre el solicitante de asilo rechazado y el país al que sería devuelto. Ese nexo podía ser por nacionalidad, residencia anterior, o vínculos familiares. Ahora, el nuevo marco jurídico elimina ese requisito al aclarar que los Estados miembros podrán considerar “seguro” un país para una devolución si el migrante transitó por él en su camino hacia Europa, aun cuando no haya llegado a detenerse allí.
Eso sí, habrá ciertos requisitos para la instalación de esos centros, como por ejemplo que solo se puedan abrir en naciones donde se respeten las normas internacionales de derechos humanos y los principios del derecho internacional. Además no se permitirá que las familias y los menores no acompañados puedan ser enviados a estas instalaciones.
Por último está la medida sobre la reducción de los cupos de repartición de inmigrantes. A las costas de España, Italia, Grecia y Chipre, los llamados países meridionales, llegan 140.000 solicitantes de asilo cada año. Haciendo uso del mecanismo de solidaridad contenido en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, una parte de ellos eran reubicados en países del centro y norte europeos, para aliviar la presión que sufren los mediterráneos.
Con la nueva decisión, a partir de este año solo se podrán reubicar unos 21.000 inmigrantes, de manera que los estados de las costas mediterráneas deberán quedarse con entre seis y siete migrantes por cada uno que sea destinado a otros países, con lo cual el desequilibrio en los países receptores no hará más que agudizarse. A lo que se suma una drástica reducción de las ayudas económicas comunitarias que bajarán a 420 millones de euros.
Sólo el tiempo dirá si esta normativa, que queda simplemente pendiente de aprobación por parte del Parlamento Europeo, permitirá regular y organizar el asilo y la inmigración de manera justa, tanto para los europeos como para las minorías que requieren ayuda en momentos de dificultad.