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A los pocos días de la captura del dictador Nicolás Maduro, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, grupo criminal que se ha beneficiado del régimen del país vecino, propuso un ‘Acuerdo Nacional’.
Ese despliegue de cinismo no es nuevo. El país se ha acostumbrado, lamentablemente, en los últimos 60 años, a esas propuestas que mezclan algo de soberbia y de crueldad. Pero es cada vez más ofensivo escucharlas para una Colombia que ha pagado con sangre, atraso y desconfianza ese macabro juego del ELN entre la retórica política y la práctica criminal.
Durante décadas, el ELN ha hecho del diálogo una coartada. Ha acudido a la mesa de negociación cuando le conviene, la ha abandonado cuando pierde ventaja, y la ha usado —una y otra vez— como escudo político para recomponerse militarmente.
Por eso, como sintieron pasos de animal grande con la captura de Maduro y las medidas del presidente Donald Trump en Venezuela, ahora tratan de revivir unas negociaciones que no han conducido a ninguna parte, para poder seguir con sus acciones delictivas.
Este grupo terrorista que se financia con narcotráfico, minería ilegal, secuestros y extorsión y que nació en 1964 como organización insurgente, ejerce un gran poder de intimidación en más de 220 municipios donde tiene presencia, especialmente en la zona de frontera con Venezuela, en Arauca y Norte de Santander y en el Chocó, al que suele tener acorralado con paros armados.
A pesar de que desde hace más de 40 años todos los gobiernos han intentado “diálogos de paz” con el ELN, estos no han terminado en nada, más allá de la desmovilización de algunos de sus cuadros. Eso mismo está pasando con esta administración que anunció una “paz total” con todos los grupos al margen de la ley, y que por ahora va en fracaso total.
El gobierno de Petro le ha dado múltiples oportunidades. No está claro si se trata de una gran ingenuidad o de una profunda ignorancia sobre el verdadero carácter de ese grupo criminal –vale recordar que Petro como candidato decía que “a los tres meses de ser presidente se acaba el ELN”–.
En noviembre del 2022 este gobierno instaló en Caracas las mesas de diálogo, con Maduro como garante. Las conversaciones se extendieron por cerca de dos años en el vecino país, en México y Cuba. Y Petro anunció el 31 de diciembre de ese año un cese al fuego bilateral, que fue de inmediato desmentido por el ELN. El grupo criminal siguió cometiendo actos terroristas durante todo el proceso, atacando bases militares y atacando civiles –todavía se recuerda el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz.
El cinismo del ELN lo llevó al extremo de decir que el secuestro era una de sus principales vías de financiación y que solo lo dejarían si el gobierno creaba un fondo multidonante.
Ante los nulos avances, las conversaciones de paz se congelaron en abril de 2024 y el propio comisionado de Paz, Otty Patiño, reconoció que estaban en un punto crítico. En septiembre de ese año, tras los ataques al oleoducto Caño Limón y los atentados a la fuerza pública, el gobierno suspendió de manera indefinida los diálogos de paz. Y en enero del año pasado, el ELN tras fuertes combates en los que pretendía sacar a las disidencias de las Farc del Catatumbo, fue el responsable de la muerte de 80 personas y de que 60.000 más tuvieran que abandonar sus hogares.
De manera que proponer ahora un “Acuerdo Nacional” que se legitimaría a través de un ‘Proceso Constituyente Popular’ sin un gesto verificable de desescalamiento, sin la renuncia explícita a prácticas como el secuestro y sin una señal inequívoca de apego a la legalidad suena a cálculo, no a convicción.
Dicen que es el remedio para todos los males, para cerrar siete décadas de conflicto armado, poner en marcha un nuevo modelo económico, erradicar la pobreza, etc. ¡Es una desfachatez total! Los causantes de tanta muerte y guerra, se creen con la autoridad de dar lecciones de construir país a millones de colombianos que precisamente lo han sacado adelante.
El daño del ELN ya está hecho. Es profundo y acumulativo. No se mide solo en cifras de violencia —que son graves—, sino en la destrucción de la confianza pública. Cada proceso frustrado debilita la credibilidad del Estado, desgasta a la sociedad y envía un mensaje perverso: que la palabra empeñada no vale y que la violencia puede reciclarse en una cinta infinita bajo nuevos nombres y consignas.
Por eso ya nadie le cree. Incluso Petro le lanzó un extraño ultimátum: “si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar”. ¿Cómo sería esa acción conjunta con Caracas? ¿Por qué lo propone apenas ahora y no lo dijo antes? ¿Es una manera de llevar tareas hechas a Washington para la visita con Trump?
Veremos a ver si la presión que le está aplicando el gobierno de Estados Unidos a Gustavo Petro y la captura de Nicolás Maduro tienen algún impacto sobre la manera cómo el ELN se desenvuelve en la frontera.
La experiencia comparada enseña una lección básica: los procesos de negociación solo prosperan cuando hay coherencia entre discurso y conducta, y cuando la sociedad percibe que la mesa no es un paréntesis táctico de la guerra. Persistir en diálogos sin condiciones mínimas ni consecuencias claras por su incumplimiento termina premiando la trampa y castigando la buena fe.
Colombia necesita acuerdos amplios, sí, pero no a cualquier precio. Un “Acuerdo Nacional” que ignore la historia reciente, que pase por alto a las víctimas y que se funde en la ambigüedad moral de un actor que no ha honrado su palabra, no es un camino a la paz: es una reedición del engaño. La responsabilidad del Estado es doble: proteger a la ciudadanía y cuidar la dignidad de la negociación. Sin verdad, sin hechos y sin garantías, el cinismo no puede convertirse en política pública.
En ese vaivén ha tomado del pelo a gobiernos de todos los signos, desde los intentos iniciales de los años ochenta hasta los esfuerzos más recientes. Tampoco ha sido distinta su conducta frente al actual presidente, Gustavo Petro, a quien le ha respondido con secuestros, ataques a la infraestructura, confinamientos y una retórica maximalista que contradice cualquier noción de voluntad de paz.