Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
Este gobierno parece pensar sólo a cortísimo plazo. Parece concentrado en lo electoral de su lista al congreso y las presidenciales, como si eso fuese gobernar, y así diseña su política pública. Algo muy parecido a la manera como históricamente se han descrito las Repúblicas Bananeras, esas que solían actuar de manera irresponsable sin medir las consecuencias de sus actos y únicamente tratando de sacar el máximo provecho hoy.
Un ejemplo de lo anterior acaba de suceder con la medida que aflora una buena mezcla de populismo económico y politiquería cara, con el aumento del salario mínimo al 23% (17 puntos porcentuales por encima de la inflación más la productividad laboral). En dicha medida el gobierno ni siquiera ha calculado el efecto sobre las finanzas públicas por sobrecostos laborales y pensionales, menor crecimiento, costos de servicios atados al mínimo y otros más, que pueden llegar a ser entre 6 y 8 billones de pesos como mínimo en el mediano plazo pero que además tiene efecto espiral hacia adelante superior. Tampoco calculan el aumento de la precarización que esto tendrá en más inflación, más empleo informal por debajo del mínimo, menos inversión privada y mayores niveles de pobreza (por sobre costos de acceso a salud o vivienda VIS o por más inflación e intereses). Pero poco importa ese largo plazo porque hay es que ganar aplausos para la elección del 2026, como si el mundo se acabara allí.
Esta actitud, que parece coyuntural lo ha sido en muchas más decisiones. Lo fue cuando se suspendió (sin razón justificable) la regla fiscal, lo que ha permitido gastar sin límite y crecer desaforadamente déficit fiscal y deuda pública. Nunca tuvieron en cuenta que esto iba a elevar el costo de los intereses de la deuda (ya son 50% más caros que en 2022), ni que había necesidad de retornar a regla fiscal en 2027 (que tampoco se va a poder). De nuevo el propósito era tener chequera sin límites para aceitar las elecciones en 2026.
También ha sucedido con las decisiones en materia energética de intervenir precios, modificar las políticas sensatas de la CREG o impedir la firma de nuevos contratos de exploración o la exploración no convencional de gas y petróleo. Lo anterior sumado a frenar licencias ambientales o consultas a comunidades, nunca tuvo en cuenta el largo plazo de reemplazar una fuente de ingresos, de PIB, de recaudo tributario, de exportaciones y de inversión. De nuevo, el propósito fue la ideología fundamentalista ambiental que nunca mira el largo plazo.
Y esto mismo aplica al marchitamiento del ICETEX, la destrucción del sistema de salud, las relaciones con USA, los estragos en Ecopetrol, el congelamiento de las APPs de infraestructura, la desfinanciación de la ciencia y la innovación o la catástrofe de la seguridad por un mal manejo de la paz y de la producción de coca.
Pensar y actuar así parece una demostración del odio que sienten por Colombia y los colombianos. Se olvidan además que, si a pesar de toda estas “anfetaminas de irresponsabilidad”, son reelegidos, tendrán que administrar esta catástrofe y si no fueron buenos arreglando lo construido, peor serán administrando la destrucción.
*Rector Universidad EIA
