Una nueva investigación de la Contraloría General de la República reveló que Ecopetrol puso en riesgo más de $86.000 millones en recursos públicos por dos contratos. El ente de control concluyó que se evidencia mala gestión.
El primer contrato se trata de un parque solar en Providencia: el proyecto no funciona completamente porque faltan equipos clave. Aun así, se gastó el dinero, los equipos están deteriorándose y la comunidad no recibe ningún beneficio.
En el segundo hallazgo, Ecopetrol no aplicó multas ni terminó a tiempo un contrato con una empresa que incumplió. Cuando intentó cobrar el seguro, ya era tarde y la póliza había vencido, por lo que el dinero no se pudo recuperar.
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Así lo reveló la Contraloría, que explicó que en el primer caso fueron $49.592 millones relacionados con el convenio para la operación del Ecoparque Solar Providencia, mientras que el segundo fueron 36.462 millones por la falta de imposición oportuna de multas en un contrato con la empresa Morelco S.A.S.
De acuerdo con el ente de control, ambos casos evidencian deficiencias en la gestión contractual y en el uso de recursos públicos, lo que derivó en un daño fiscal que deberá ser objeto de los procesos correspondientes.
Proyecto solar en Providencia, sin operación integral
El hallazgo de mayor cuantía está asociado al convenio interadministrativo 453 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y la petrolera estatal.
Este acuerdo tenía como propósito fortalecer la infraestructura energética de la isla de Providencia, como respuesta prioritaria a la emergencia generada por el huracán Iota en noviembre de 2020 y como parte de la estrategia nacional de transición energética.
Sin embargo, durante la auditoría correspondiente a la vigencia 2024, la Contraloría confirmó el daño fiscal debido a la inoperancia integral del Ecoparque Solar Providencia.
El organismo alertó sobre la exposición de los activos a deterioro ambiental, la pérdida progresiva de su vida útil y el riesgo de incurrir en sobrecostos futuros para lograr su integración completa.
Falta de planeación y riesgos de obsolescencia
Entre las irregularidades detectadas se encuentra el incumplimiento en la entrega del sistema BESS, destinado al almacenamiento de energía en baterías. La adquisición de este componente dependía de una donación internacional gestionada por el Ministerio de Minas y Energía, sin garantías contractuales, mientras Ecopetrol decidió continuar con la ejecución del proyecto sin asegurar su disponibilidad.
La Contraloría concluyó que la operación parcial del Ecoparque incumple el objeto contractual, que exigía la puesta en marcha integral de la planta fotovoltaica, el sistema BESS y el sistema de control.
Además, determinó que los recursos invertidos no están prestando ningún servicio ni han generado beneficios para la comunidad raizal, y advirtió sobre el riesgo de obsolescencia de los equipos por falta de uso y exposición a condiciones climáticas adversas.
Multas no aplicadas en contrato con Morelco
El segundo hallazgo fiscal, por $36.462 millones, corresponde a un contrato firmado entre Ecopetrol S.A. y la empresa Morelco S.A.S., identificado con el número 3050857. Según la Contraloría, este monto equivale al valor asegurado que no fue recuperado por Ecopetrol y que posteriormente fue negado por la aseguradora.
La auditoría evidenció que, pese a los reiterados incumplimientos del contratista entre 2023 y 2024, Ecopetrol no aplicó oportunamente las cláusulas contractuales relacionadas con multas ni procedió con la terminación anticipada del contrato, a pesar de que dichas herramientas estaban previstas para mitigar los riesgos.
El ente de control estableció que Ecopetrol documentó múltiples advertencias al contratista por atrasos, pero permitió que el contrato continuara vigente sin adoptar las medidas correctivas disponibles.
Solo el 15 de abril de 2025 se inició el trámite de imposición de la multa y el reclamo ante la aseguradora, cuando el contrato ya había vencido el 30 de diciembre de 2024 y la póliza se encontraba expirada.
Para la Contraloría General, esta actuación refleja una gestión extemporánea frente al control de los incumplimientos, lo que implicó la pérdida de la oportunidad de ejercer acciones de mitigación dentro de la vigencia contractual y derivó en el daño fiscal identificado.
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