En una decisión sin precedentes en un caso tal magnitud, este lunes la Fiscalía al frente de Luz Adriana Camargo echó para atrás una imputación contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y mano derecha desde hace décadas del presidente Gustavo Petro.
Al funcionario lo acusaban, y hasta había fecha de la imputación (11 de febrero), de haber fallado en la protección del precandidato presidencial y senador de la oposición Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 que terminó costándole la vida dos meses después.
La cadena de hechos de lo ocurrido en las últimas horas retrata serios cuestionamientos sobre el manejo que Camargo ha tenido frente a la Fiscalía. La cronología es clave para dimensionar las implicaciones. Primero, este lunes en la tarde se filtró en algunos medios una “ficha técnica” donde estaba el número de reparto de la imputación contra Rodríguez y aparecían dos presuntos delitos: tentativa de homicidio y prevaricato por omisión.
EL COLOMBIANO confirmó con fuentes en la Fiscalía que finalmente la imputación solo sería por el segundo delito que, según el Código Penal, “es un delito cometido por un servidor público que, estando obligado por ley a realizar una función específica, la omite, retrasa, rehúsa o deniega, conociendo su deber pero actuando deliberadamente en contra de él”.
La solicitud de imputación había sido realizada por una fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá.
Según esa fiscal, Rodríguez “no habría atendido los llamados de protección y de mejora del esquema de seguridad del precandidato”. Un par de horas después, Camargo echó para atrás la decisión y argumentó en un comunicado que su subalterna había omitido “por error” que la investigación del caso le correspondía a otro grupo al interior del ente acusador.
Es decir, la Fiscalía incialmente tenía los argumentos para hacer una imputación con dos delitos, uno de ellos muy graves como la tentativa de homicidio, y luego pasó a uno. Hasta ahí, podría haber justificación jurídicamente, pero lo que aún sin aclararse y genera dudas sobre la independencia de la fiscal general es por qué decidieron revertir la imputación.
En el comunicado, acuden a la técnica jurídica; dicen que en un comienzo el llamamiento a imputación lo había hecho la Fiscalía 295, encargada de investigaciones contra la administración pública, pero que en aras de preservar la investigación adelantada por un equipo especial dedicado al caso retiraban dicha solicitud, “para evitar futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado”.
También anunciaron que en próximos días se realizará una mesa técnica entre ese grupo especial y el despacho fiscal que en un comienzo había llamado a imputación al director de la UNP, esto en el marco de la valoración del material probatorio del caso y la posible desatención a los llamados de protección y de mejora de esquema que, en 23 ocasiones, había hecho el precandidato presidencial.
El origen de la denuncia fue la que interpuso Víctor Mosquera, abogado de la familia de Miguel Uribe, contra Rodríguez en la Fiscalía por presunta negligencia en el manejo de las alertas sobre la seguridad del senador y precandidato presidencial.
Según Mosquera, y así lo evidencian documentos en poder de EL COLOMBIANO, durante el año 2025 se radicaron más de 23 solicitudes ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reforzar su esquema de seguridad, sin que se hubieran adoptado medidas efectivas. La última petición fue presentada el 5 de junio, apenas dos días antes del atentado.
El abogado señaló que las solicitudes contenían justificaciones claras sobre el riesgo al que estaba expuesto Uribe, quien fue calificado en 2023 por la Oficina Nacional de Evaluación de Riesgos (ONT) con un nivel de riesgo extraordinario.
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No obstante, en 2024, la UNP no actualizó esa evaluación, pese a que desde octubre Miguel Uribe ya era oficialmente candidato a la Presidencia.
“Lo más grave es que, desde enero de 2025, la UNP se limitó a enviar respuestas repetitivas, casi un ‘copy-paste’, argumentando que no representaba un riesgo y negándole apoyo logístico y de seguridad para sus desplazamientos”, afirmó el abogado.
Por su parte, desde 2023 el director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, le había solicitado a la UNP la de seguridad para todos los miembros y líderes políticos de esa colectividad “sin que se hayan atendido dichos requerimientos”.
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La defensa de la familia del precandidato presidencial asesinado había aplaudido la decisión de la Fiscalía de avanzar hacia la imputación de cargos contra Rodríguez.
“Este avance constituye un paso relevante en la búsqueda de verdad y justicia”, indicó la firma, al subrayar que los hechos denunciados ya están siendo evaluados por la justicia bajo las garantías del debido proceso.
La representación legal de las víctimas insistió en que el proceso no solo debe apuntar a establecer eventuales responsabilidades administrativas o penales por omisión, sino también a determinar el papel de quienes habrían ejecutado, instigado o facilitado los hechos que derivaron en el crimen del precandidato presidencial.
Responsabilidad de Rodríguez
Apenas se conoció la imputación contra Rodríguez, el funcionario fue hasta la Casa de Nariño a reunirse con el presidente Petro y, según fuentes, el mandatario canceló parte de su agenda para hablar con él.
Estando en el primer piso de Palacio, el director de la UNP fue interrogado por los periodistas antes de que se diera el ‘reversazo’ de la Fiscalía.
Rodríguez señaló que la decisión de la Fiscalía tenía “un trasfondo político para afectarlo” e incluso dijo que Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado con quien tiene pelea, podría estar relacionado.
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En su momento, días después del atentado, el funcionario reconoció que “hubo insuficiencia” respecto a número de escoltas asignados. Además, dijo que el día del atentado solo estaban dos escoltas junto al líder opositor y un tercer escolta/conductor en el vehículo blindado.
“Reconocemos que ese número de personas de protección no es suficiente para la protección de una persona que es precandidata presidencial y que ha iniciado de manera personal su proselitismo aunque la campaña no se ha desatado oficialmente”, dijo Rodríguez en una entrevista días después al atentado.
El mismo día del atentado, el presidente Petro, en una alocución, rechazó el ataque y envío sus condolencias a la familia del congresista del Centro Democrático, al tiempo que ordenó que “se investigue a la misma escolta (de Miguel Uribe) para encontrar, de acuerdo a los protocolos de seguridad, las fallas que hubo porque siempre que un asesino puede actuar sobre una persona protegida, previamente hay una falla de seguridad, y son servidores públicos, son pagados por el pueblo de Colombia”.
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El mandatario afirmó que la primera línea de investigación debía concentrarse en revisar la actuación de las propias instituciones. Señaló que “el esquema de protección del senador Uribe fue disminuido extrañamente el día del atentado: de siete a tres personas” y que por eso había pedido “la máxima profundidad en la investigación de este hecho”.
Las grietas en la seguridad del político empezaron a ser advertidas tan solo 48 horas después del atentado sicarial contra Uribe Turbay a manos de un menor de 15 años, quien le disparó tres veces en la cabeza con una pistola glock nueve milímetros.
El encargado de tomar la vocería en ese momento fue Víctor Mosquera, abogado de la familia, quien dijo que habían radicado una denuncia penal contra la UNP por la presunta omisión en atender reiterados pedidos de refuerzo de seguridad.
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En esos oficios se alertaba sobre un aumento de amenazas, seguimientos sospechosos, mensajes intimidatorios, llamadas hostiles y una oleada de ataques en redes sociales, lo que hacía indispensable un esquema especial para un dirigente de oposición en campaña.
Meses después, cuando se creía que por fin la Fiscalía iba a tomar una decisión más allá de los responsables materiales, Camargo decide inexplicablemente echar para atrás una imputación que deja más preguntas que justicia.
”Gobierno le negó protección a Miguel”
EL COLOMBIANO habló con Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, antes de que se conociera el ‘reversazo’ de la imputación de cargos contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez.
En la charla, Londoño dijo que la imputación ratificaba que la desprotección de su hijo no fue un error administrativo, sino una acción deliberada por parte del gobierno actual.
“Queda claro que el gobierno de Gustavo Petro, del M-19, porque además el director de la UNP era integrante del M-19, le negó a Miguel la protección”, señaló.
Como ha quedado demostrado con las múltiples solicitudes negadas, la UNP omitió “deliberadamente estudiar y otorgar el nivel de protección que su hijo requería”, a pesar de que los perfiles de riesgo realizados por la Fiscalía y la propia UNP así lo exigían.
El padre del entonces senador de la República afirma que la falta de un esquema adecuado fue la causa que permitió el asesinato de Miguel. “Todas las 23 solicitudes elevadas por Miguel fueron negadas, inclusive la última fue en la semana anterior al día que atentaron contra Miguel, pues lo que después terminó en su asesinato”, expresó en diálogo con este medio.
Mientras el abogado Víctor Mosquera, que representa a la familia del congresista, documentó cerca de 23 solicitudes de refuerzo de seguridad para Miguel —la última presentada apenas una semana antes del crimen—, el padre de la víctima denuncia que sectores cercanos al Gobierno y al Pacto Histórico gozan de una protección desproporcionada.
Según sus declaraciones, existen estudios comparativos que muestran que aliados del director de la UNP cuentan con esquemas de seguridad que “son dos, tres y hasta cuatro veces más robustos” que el que tenía su hijo, incluso teniendo niveles de riesgo inferiores.
Debido a la gravedad de los hechos, el familiar sugiere que la Fiscalía debería considerar si esta negligencia puede catalogarse como un homicidio culposo.
El padre de Miguel Uribe insiste en que el caso de su hijo fue discriminación política en la asignación de recursos de seguridad.
“No puede ser que un gobierno tiene una una diferencia de estas, que distingue de esta manera entre unos y otros, para prestar el mismo servicio del nivel de protección, que sí le dio a los a otras personas del Pacto Histórico, de sus amigos y a otros actores políticos”, agregó Miguel Uribe Londoño.
Miguel Uribe, dice su padre, vivía en un estado de alerta permanente y llegó a entregar a la UNP una lista de organizaciones criminales que podrían atentar contra él, incluyendo información sobre amenazas que lo seguían incluso fuera de Bogotá.
En sus declaraciones, Miguel Uribe manifestó su versión sobre el trasfondo del crimen, mencionando que la responsabilidad no recae únicamente en la omisión institucional, sino en grupos armados.
Afirmó que existen pruebas que indican que el dinero para el atentado provino de Venezuela y que la ejecución estuvo vinculada a la Segunda Marquetalia, un grupo disidente de las Farc.
El padre de Uribe enfatizó que esta imputación desmiente la narrativa inicial del Gobierno, “que intentó responsabilizar a Miguel por no tener su esquema completo el día del ataque. Con esto se va demostrando que el gobierno no quiso darle la protección que Miguel requería”, concluye.
¿Y los otros implicados en el atentado?
En el proceso por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la investigación ha permitido establecer el papel de varios integrantes de la estructura criminal que ejecutó el ataque del 7 de junio de 2025. Katerine Andrea Martínez Martínez, conocida como alias Gabriela, fue identificada como una pieza clave en la logística del atentado.
De acuerdo con la Fiscalía, ella coordinó el transporte y la entrega del arma utilizada por el sicario adolescente y participó en reuniones previas en las que se distribuyeron funciones para materializar el ataque.
La actuación de Martínez quedó vinculada a delitos como homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y uso de menores en la comisión de conductas criminales. Ella preacordó con la Fiscalía un condena de 21 años de cárcel.
En audiencias, la procesada reconoció su participación y ofreció disculpas públicas a la familia de la víctima, en un gesto que no modificó la gravedad de los hechos ni el impacto del crimen. El crimen fue ejecutado por un menor de 15 años que disparó contra Uribe Turbay en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón, y cuya responsabilidad fue establecida dentro del sistema penal de infancia y adolescencia.
En una línea superior de la estructura aparece Elder José Arteaga, alias El Costeño, señalado por las autoridades como el presunto coordinador operativo del atentado. Arteaga enfrenta cargos por su presunta participación en la planeación y articulación del ataque y permanece vinculado al proceso.
La Fiscalía informó que Arteaga tiene más de 20 años de historial delictivo. Fue integrante una organización criminal conocida como ‘la Zaga’, con injerencia en Engativá, y registra antecedentes por homicidio, tráfico de armas, narcotráfico y hurto
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