Excepción de inconstitucionalidad: la defensa jurídica de Antioquia
El gobernador Rendón explicó que Antioquia inaplicará el decreto por excepción de inconstitucionalidad, lo que significa que no lo aplicará mientras la Corte Constitucional no falle de fondo.
Según la Gobernación, esta figura jurídica actúa como una intervención temprana ante el riesgo de un perjuicio irremediable, derivado de un cobro tributario que presumen contrario a la Constitución.
“La Constitución es la norma de normas; ningún acto administrativo o ley está por encima de la Carta Magna”, señaló Rendón.
Para Antioquia, la aplicación inmediata del decreto generaría una afectación desproporcionada a las finanzas departamentales, un impacto que puede evitarse mientras se surte el control automático de la Corte.
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El decreto de emergencia económica, el Decreto 1474, puso a hacer cuentas a la Gobernación y a la FLA. Según las estimaciones oficiales, los nuevos impuestos provocarían pérdidas superiores a $40.000 millones.
“El Gobierno se quedará con todo el crecimiento de la FLA”, anticipó Rendón, al advertir que los recursos que tradicionalmente financian salud y educación en los departamentos terminarían cubriendo el déficit fiscal del Presupuesto General de la Nación 2026.
Así suben los impuestos a los licores
El cambio tributario es profundo. El IVA a los licores fuertes, como aguardiente, ron, whisky y brandy, pasa del 5% al 19%. A esto se suma un impuesto al consumo del 30% sobre el valor total de cada botella.
En plata blanca, una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 ml, que hoy cuesta cerca de $50.000, podría subir a $63.000. Solo en impuestos, pasaría de pagar $17.500 a cerca de $33.000, un aumento de 50% directo para el consumidor.
El Ron Medellín tendría un alza cercana al 48%, mientras que una botella de whisky, que hoy vale $63.980, podría llegar a $94.690.
El gerente de la FLA, Esteban Ramos, calificó las medidas como una carga tributaria que podría alcanzar el 90%, algo que considera “insostenible para la industria”.
Desde la empresa advierten que el golpe no solo compromete la estabilidad financiera de la principal licorera del departamento, sino que también pone en riesgo la seguridad y la salud pública.
Uno de los mayores temores es que el fuerte encarecimiento del licor legal dispare el consumo de licor adulterado y el contrabando. “Esta emergencia tendrá efectos adversos sobre la salud pública”, alertó Ramos.
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“Nuestro argumento es que el recaudo pretendido por el decreto no justifica el sacrificio de los ciudadanos, especialmente cuando las medidas no superan el juicio de finalidad o necesidad. La “urgencia” del Gobierno no puede ser un cheque en blanco para ignorar el diseño constitucional del sistema tributario. La Constitución se cumple y la autonomía fiscal de las regiones se respeta”, enfatizó el mandatario antioqueño.
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