La casi inminente caída de la emergencia económica; la reforma pensional en manos del voto de un reconocido abogado; y, en menor medida, la legalidad del ajuste al salario mínimo, pasan a examen.
El 2026 arrancó con una tensión institucional sin precedentes recientes. Tres puntas de lanza del Gobierno —la declaratoria de emergencia económica, la implementación de la reforma pensional y el fuerte aumento del salario mínimo— están bajo la lupa de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
En el corto plazo, al menos dos de esos ambiciosos proyectos del presidente Gustavo Petro dependen de magistrados y conjueces. En este escenario, las decisiones que se tomen en las próximas semanas trazarán el rumbo de las finanzas públicas y el bolsillo de los colombianos.
De un lado, la Corte Constitucional dio los primeros pasos esta semana para el estudio del decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica, una medida con la que el Ejecutivo busca recaudar y ejecutar $16 billones de manera extraordinaria, en medio de una crisis fiscal histórica y un presupuesto desfinanciado.
El expediente quedó en manos del magistrado Carlos Camargo, quien debe decretar una serie de pruebas para iniciar el estudio del caso y elaborar la ponencia que llevará a Sala Plena. El tribunal debe determinar si las causas invocadas —falta de liquidez, nivelar la UPC o la no aprobación de la ley de financiamiento— son realmente imprevisibles o si son el resultado de una gestión presupuestal que no justifica poderes excepcionales.
La desconfianza técnica sobre esta medida sigue creciendo, mientras que la Corte pidió a la Secretaría Jurídica y al Ministerio de Hacienda que expliquen cómo es posible alegar una urgencia extrema por falta de mecanismos de financiamiento cuando, al mismo tiempo, el país logró colocar bonos TES por $23 billones y gestionar deuda reciente por $152 billones.
Esta cifra de endeudamiento sugeriría que el Gobierno sí tiene acceso a los mercados financieros tradicionales y que, por ende, la emergencia económica podría ser un atajo para saltarse el debate legislativo en el Congreso. Expertos de la talla del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, han sido contundentes al afirmar que la emergencia tiene “altísimas” probabilidades de ser declarada inconstitucional.
De hecho, en una reciente entrevista con este medio, Ocampo sostuvo que el Ejecutivo no puede imponerse funciones legislativas para solucionar un déficit que era plenamente previsible desde la planeación del presupuesto 2026 y que las herramientas ordinarias del Estado no fueron agotadas.
Además, para algunos analistas políticos hay otro factor determinante: la llegada de Camargo a la Corte en septiembre del año pasado pone –en teoría– la balanza a favor de los magistrados independientes o críticos de las reformas del Gobierno (5 votos) versus el grupo con una visión más progresista (4 votos).
Pero, el malestar contra la emergencia económica trascendió los despachos judiciales para instalarse en las gobernaciones, donde se percibe una asfixia presupuestal. Es así como esta semana un bloque de 20 de los 32 gobernadores del país se declaró en franca oposición a la medida.
El grupo argumenta que el decreto centraliza recursos y decisiones que afectan directamente la autonomía de los departamentos, quitándole agilidad a la inversión local. Los mandatarios apelarán al uso de la “excepción de inconstitucionalidad”, una herramienta jurídica de última instancia que les permitiría abstenerse de aplicar las órdenes del decreto en sus regiones bajo el argumento de que violan normas superiores.
La rebelión regional añade presión política y social sobre la Corte, que deberá tomar una decisión de fondo en una sala extraordinaria que probablemente se adelante a finales de febrero.
Por su parte, el sector privado alzó su voz a través del Consejo Gremial Nacional (CGN). En una carta de 29 páginas enviada al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte, los líderes gremiales solicitaron la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025.
Argumentan que permitir la vigencia de la emergencia mientras se toma una decisión definitiva generaría una inseguridad jurídica capaz de frenar la inversión extranjera y nacional. Para el CGN, el uso de estados de excepción para fines fiscales sienta un precedente peligroso que debilita las reglas del juego democrático y altera la competencia económica. Advierte que, si la Corte no frena el decreto ahora, los efectos económicos de las medidas promovidas por el Gobierno podrían ser irreversibles, incluso si el fallo final resulta tumbándolo.
Mientras la emergencia económica parece estar más cerca de caerse, la reforma pensional está en el limbo y, sobre el papel, depende de una sola persona. Tras un empate técnico de 4-4 en la votación de la Sala Plena de la Corte Constitucional, el futuro del nuevo sistema pensional quedó en manos del conjuez Carlos Pablo Márquez.
Este abogado no es un desconocido en el mundo del derecho económico de alto nivel. Con un doctorado en Derecho de la Universidad de Oxford y maestrías en Harvard y la Universidad Javeriana, se perfila como el hombre que tomará una de las decisiones más importantes en la historia reciente del país. Su llegada al proceso ocurrió tras la recusación del magistrado Héctor Carvajal, quien fue apartado del caso por sus vínculos previos como asesor de Colpensiones, lo que dejó la balanza del tribunal en un empate que solo Márquez romperá.
El proceso para destrabar la reforma no va a ser sencillo. Márquez se integrará a la Sala Plena como un magistrado temporal con derechos de voz y voto. Esto implica que se reabrirá la discusión técnica sobre la ponencia y se realizará una nueva votación única donde habrá 9 participantes.
En su carta de aceptación, el conjuez fue enfático al declarar que ningún factor externo nublará su criterio jurídico, un mensaje directo a los sectores políticos que intentan presionar la decisión.
Las consecuencias de la decisión del conjuez Márquez marcarán el futuro de más de 20 millones de colombianos. Si la Corte avala la reforma, esta entrará en plena vigencia, activando el sistema de pilares en el que todos los trabajadores cotizarán obligatoriamente en Colpensiones hasta por 2,3 salarios mínimos.
Sin embargo, si se inclina hacia la nulidad de la reforma, el país continuaría con las reglas de la Ley 100 de 1993. Esto mantendría la competencia abierta entre los fondos privados (AFP) y Colpensiones, dejando el sistema tal cual ha funcionado en las últimas tres décadas.
Ahora bien, también existe un escenario intermedio: que la Corte ordene devolver la ley a la Cámara de Representantes para corregir vicios de procedimiento que, según algunos demandantes, no fueron sanados en la sesión de subsanación de junio de 2025. Esto prolongaría la incertidumbre sobre el proyecto.
Mientras la Corte Constitucional resuelve esos dos “chicharrones”, el Consejo de Estado se prepara para estudiar la legalidad del incremento del salario mínimo para 2026. El decreto que fijó el aumento en un histórico 23,7%, llevando la cifra a $2.000.000, fue demandado por no cumplir con los principios de proporcionalidad y razonabilidad económica.
La demanda principal, liderada por Fenalco y secundada por ciudadanos como la abogada Heimy Blanco Navarro, sostiene que el Gobierno ignoró los criterios técnicos de productividad e inflación. Según los comerciantes, un ajuste de esta magnitud, que triplica las proyecciones técnicas que sugerían un aumento cercano al 6%, no cuenta con una motivación clara y verificable en los documentos que acompañan al decreto.
Fenalco fue enfático en sus advertencias: un aumento de esta dimensión, desconectado de la productividad real del país, podría destruir cerca de 772.340 empleos formales en el primer año de vigencia.
Según el gremio, las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayoría del tejido empresarial colombiano, no tienen la capacidad de absorber un incremento del 23% en sus costos laborales sin trasladar ese costo al precio final de los productos o, en el peor de los casos, reducir su nómina. Fenalco argumenta que el Gobierno pasó por alto variables clave y que el decreto presenta vacíos legales que lo hacen nulo ante el Consejo de Estado.
Por ahora el Gobierno va adelante en la disputa; el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó una solicitud de medida provisional para suspender el aumento del salario mínimo, en tanto se resolviera una acción de tutela.
Aunque el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, celebró la decisión, existe un antecedente que inquieta al Gobierno: en 2016, el Consejo de Estado anuló el decreto del salario mínimo de ese año por considerar que el Ejecutivo no explicó con suficiencia cómo ponderó las variables de inflación y crecimiento económico.
Si bien, una nulidad en 2026 no llevaría a las empresas a recuperar el dinero ya pagado a los empleados —pues el derecho al salario es irrenunciable—, sí dejaría sin base legal los pagos futuros y generaría caos en el cálculo de prestaciones sociales y aportes parafiscales.
En todo caso, mientras el Gobierno ve el ajuste del mínimo de 2026 como una herramienta para reactivar el consumo, los gremios lo analizan desde la óptica de la sostenibilidad empresarial y la disparada de los precios. De momento, la decisión final del alto tribunal administrativo podría tardar meses.
La coincidencia de estos tres procesos judiciales marca un hito en la historia reciente del país. Nunca antes el modelo económico de un gobierno había estado tan condicionado por las decisiones simultáneas de las altas cortes.
La determinación sobre la emergencia económica, que podría tomarse después del 23 de febrero, será el primer gran indicador del clima en la Corte.
Posteriormente, el voto de Carlos Pablo Márquez cerrará el capítulo de la reforma pensional, definiendo si el país avanza hacia un modelo de unificado o si mantiene el sistema de competencia entre el Régimen de Prima Media y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
Finalmente, el Consejo de Estado deberá determinar si el salario mínimo puede ajustarse de forma discrecional o si debe estar alineado a la realidad macroeconómica del país. Así las cosas, el remate de gobierno de Petro queda en manos de la justicia, sobre la que los ojos estarán puestos este año.
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