En la era de la hiperconectividad, la velocidad de la información ha instaurado un tribunal paralelo donde las sentencias se dictan en caracteres y se ejecutan con un clic. Édgar Julio Erazo, empresario especializado en minería subterránea de oro, advierte que la reputación digital ha comenzado a operar como un sustituto del análisis jurídico riguroso. Según plantea, el problema surge cuando la persistencia de contenidos en internet –señalamientos sin respaldo judicial– pesa más que los hechos verificables, llevando a entidades financieras a ignorar la realidad legal de las empresas y tomar decisiones como el cierre de portafolios.
“Esta exclusión financiera, motivada por el riesgo reputacional digital, genera consecuencias estructurales que trascienden al individuo y golpean en la estabilidad del sector, en este caso, del minero”, indica. Erazo destaca que detrás de cada empresa hay familias, proveedores y comunidades que dependen del sistema financiero para el pago de nóminas y obligaciones laborales. Sin acceso a la banca, se imposibilita el cumplimiento oportuno frente a la DIAN y el pago de regalías, lo que debilita la economía regional y contradice las políticas de Estado orientadas a la formalización minera.
La paradoja que expone el empresario es clara: decisiones bancarias adoptadas para mitigar riesgos terminan, en la práctica, incentivando la informalidad. Enfatiza, entonces, que los empresarios del gremio ya implementan sistemas estrictos como el SAGRILAF, e invita al sistema financiero a actuar con proporcionalidad y razonabilidad. Para el sector minero el desafío actual no es solo combatir el delito, sino evitar que la narrativa digital se convierta en una condena silenciosa.
