Mucho se habla de la Rebelión de los Comuneros en El Socorro (Santander), en 1781, pero tal vez no todos recuerdan el motivo: en ese entonces miles de colombianos se levantaron contra los excesos fiscales de la Corona española. Su causa era simple: resistir la imposición de nuevos impuestos que no habían aprobado ni pedido, y que solo servían para enriquecer a una capital lejana, ajena a las necesidades del pueblo, y para financiar los embelecos del Virrey.
Doscientos cuarenta y cinco años después, con distintos actores, se repite de alguna manera esa escena. Veinte gobernadores, que representan más de la mitad del territorio nacional, se han declarado en resistencia frente al decreto de emergencia económica del presidente Gustavo Petro, por medio del cual se pretende aumentar impuestos al consumo —como el IVA sobre licores, del 5 % al 19 %— sin aprobación del Congreso.
Así como ese 16 de marzo Manuela Beltrán, una vendedora de papel y libros, rompió un edicto de impuestos y desató la movilización hacia Santa Fe, la entonces capital del país, liderada por José Antonio Galán; ahora el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, utilizando herramientas legales declaró el derecho a no aplicar el decreto de Petro por inconstitucional y contagió a sus pares de ese mismo espíritu.
En ese entonces la Corona española había puesto tributos como el papel sellado, el estanco del aguardiente y gravámenes al tabaco y a la sal. El pueblo estaba cansado de pagar impuestos sin ver beneficios, y los abusos de los funcionarios coloniales hacían más grave el malestar.
Hoy las cosas no parecen ser muy distintas. El Gobierno argumenta que requiere recaudar 16 billones de pesos y decide imponerlo, de manera arbitraria, en contra del Congreso que se lo había rechazado. Y a pesar de que Petro dice que se necesitan esos recursos para cubrir deudas del sistema de salud y obligaciones financieras, el pueblo, como también pasó antes, tampoco ahora ha visto beneficios.
Por el contrario, brilla el derroche del gobierno Petro en gastos no prioritarios: 10 nuevas embajadas, la compra de aviones de guerra por 16 billones y 1 billón de pesos invertidos en el ministerio de la Igualdad, son apenas algunos ejemplos.
La Corona Española imponía tributos sin considerar las penurias de las provincias ni el consentimiento de sus pobladores. O como dijo el gobernador Rendón: el presidente Petro “quiere cuadrar caja a costa de las regiones”.
El caso de Antioquia es elocuente. El departamento históricamente aporta alrededor de 30 billones de pesos anuales en impuestos a la Nación, pero recibe de vuelta apenas 5 billones por vía de transferencias, es decir, una sexta parte. Además ahora, con el decreto de Petro que eleva impuestos al consumo, la Fábrica de Licores tendrá que girar a la Nación cerca de $720.000 millones más, según las cuentas del Gobernador.
En contraste, el Gobierno Nacional no cumple varias de sus mínimas obligaciones con las regiones. Estamos siendo testigos de cómo el colapso del sistema de salud en Antioquia ha alcanzado niveles alarmantes. El gerente del Hospital San Rafael de Itagüí no pudo contener las lágrimas esta semana al denunciar públicamente que su personal lleva más de cuatro meses sin salario.
La crisis tiene un solo nombre: las EPS deben más de $8 billones a la red hospitalaria del departamento, por culpa de que el Gobierno Nacional a su vez no les gira los recursos necesarios. De hecho, $4,9 billones corresponden a entidades intervenidas por el gobierno Petro. La Gobernación, tratando de paliar la crisis, ha puesto $220.000 millones en dos años para mitigar el caos en 60 hospitales, una ayuda que resulta mínima frente al abismo financiero.
El Gobierno frente a la actual rebelión de los gobernadores no busca diálogo ni consenso, sino sumisión. Ha advertido que quienes no apliquen el decreto deberán responder con sus propios recursos por los fondos que la Nación deje de recaudar. Incluso ha sugerido posibles consecuencias penales. Es decir, en vez de reconocer la legitimidad de la resistencia institucional, se lanza una amenaza digna de los tiempos del virrey.
El paralelismo con la época colonial no es exagerado. Como entonces, el centro impone, y la periferia paga. Como entonces, los recursos que se generan en las regiones no retornan en proporción a sus necesidades, sino que se redirigen para tapar déficits creados por una mala administración nacional. Como entonces, el poder central amenaza con represalias a quienes osen resistir su autoridad.
La historia lo ha demostrado una y otra vez: cuando el poder no escucha, las regiones alzan la voz. Y no hay decreto que pueda sofocar un reclamo que es constitucional, legítimo y urgente.
Como en la rebelión de los comuneros, lo que está en juego no es solo el bolsillo de los ciudadanos, sino el modelo de Estado. La Constitución de 1991 fue clara: Colombia es un país descentralizado. Toda medida que lo contradiga merece resistencia.
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