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¿Puja política o falta de garantías? El porqué la Contraloría General se ‘llevaría’ proceso que vincula a la Gobernación de Antioquia

El polémico asunto tiene en el ojo del huracán a la secretaria de Talento Humano Rosa Acevedo, la cual asegura que detrás del proceso que le abrió la Contraloría Departmental habría intereses políticos de sus rivales.

  • A la izquierda, la secretaria de Talento Humano de la Gobernación, Rosa Acevedo. A la derecha, la excontralora departamental, Enedith González. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    A la izquierda, la secretaria de Talento Humano de la Gobernación, Rosa Acevedo. A la derecha, la excontralora departamental, Enedith González. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
hace 4 horas
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Sorpresa ha causado en la ciudad y la política antioqueña el “runrún” de que otro proceso fiscal ha sido tomado por la Contraloría General de la República a raíz de la supuesta falta de garantías que tendría su par en Antioquia para dirimir el asunto.

Y es que medios radiales han informado que la Contraloría General de la República decidió aplicar la medida de control preferente al proceso que adelantaba la Contraloría de Antioquia contra Rosa Acevedo, secretaria de Talento Humano de la Gobernación de Antioquia.

De acuerdo a lo publicado, a Acevedo se le investiga desde el año pasado –cuando la entidad era dirigida por la contralora Enedith González– por un presunto detrimento patrimonial cercano a los $342 millones que se habría dado durante la ejecución de un contrato de cerca de $1.000 millones entre la Gobernación de Antioquia y la Caja de Compensación Comfenalco, que fue firmado el año pasado.

Según ha trascendido, dicho contrato tenía como fin la ejecución de programas, eventos y actividades de bienestar institucional para los servidores públicos adscritos al gobierno departamental.
Según la Contraloría de Antioquia, “durante los meses de abril a septiembre de 2025 se realizaron y pagaron once actividades no contempladas en la propuesta económica”.

A raíz de esta situación, el órgano de control departamental indicó que estos pagos representaban presuntos hechos irregulares que derivarían en 11 hallazgos, de los cuales cuatro son de índole administrativo, cuatro de índole disciplinaria, dos de índole fiscal y uno penal.

Sin embargo, según recogieron los medios que han hecho pública esta información, la razón para el traslado del caso hacia las oficinas en Bogotá de la Contraloría General tendría que ver con la relación laboral que habrían tenido Acevedo y el hoy contralor departamental Juan Carlos Herrera, toda vez que este último también fue funcionario de la Gobernación y además, en otros procesos judiciales habría sido apoderado legal del gobernador Andrés Rendón, jefe de Acevedo.

No obstante el caso tendría otro revés, pues según conoció EL COLOMBIANO, fue la misma secretaria Acevedo la que habría pedido en noviembre pasado que su caso fuera estudiado por la Contraloría General a raíz de lo que habría considerado falta de garantías por parte del ente de control del departamento.

En una carta fechada el 14 de noviembre de 2025 y dirigida al contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, Acevedo le solicitaba que invocara el poder preferente sobre el proceso de actuación especial de fiscalización 015 de 2025, que es la investigación de la Contraloría de Antioquia que la tiene señalada.

Para justificar su petición Acevedo señaló, en los apartes que conoció este diario, que el proceso 015 está, por un lado, a la espera de que se resuelvan la objeción presentada (al parecer por Acevedo) en los que ella se habría defendido de los 11 hallazgos que se le endilgan.

Y por otro lado, también Acevedo había instaurado una recusación contra el contralor auxiliar Juan Carlos Zapata Pimienta, así como una solicitud de impedimento sobre la propia Enedith González, toda vez que según Acevedo ambos “hacen parte del mismo equipo político”.

Acá hay que recordar que Acevedo, aparte de ser funcionaria de la actual Gobernación es una política que ha tratado llegar a la Alcaldía de Itagüí en varias ocasiones, hecho que se ha visto truncado pues los candidatos del polémico senador Carlos Andrés Trujillo terminan elegidos.

De hecho, en unos comicios Acevedo logró el segundo lugar y obtuvo la curul por estatuto de oposición, la cual ejerció de manera férrea en este territorio metropolitano.

Ahora, sobre González, los rumores en los mentideros políticos la señalan de ser la cuota política del mismo senador en instancias de poder. Por ello a pocos ha sorprendido que González cruce la “puerta giratoria” entre la Contraloría de Itagüí y la Contraloría Departamental, y viceversa. Esta misma lógica le aplicaría al contralor auxiliar Zapata Pimienta, quien es cercano al mismo senador y a su equipo político.

Este diario consultó a la Contraloría General de la República para corroborar esta información pero desde la entidad indicaron que no habría pronunciamiento en el momento.

Así mismo, se le preguntó a la Gobernación de Antioquia si la entidad y la secretaria ya habían sido notificadas sobre la aceptación del control preferente, pero se indicó que tampoco habían sido notificados.

De otro lado, la secretaria Acevedo aseguró que tranquila sobre su actuación en el mencionado contrato, y atenta a todo lo que la Contraloría General de la República le solicite.

Esta es otra de las polémicas que ha tenido que capotear la secretaria Acevedo esta, toda vez que recientemente se conoció una documento emitido por la Mesa de Unidad Sindical en la que se manifestaban las presuntas irregularidades desde la dependencia de Talento Humano concernientes al teletrabajo.

Según el texto, Algunos directivos habrían autorizado el teletrabajo en sus dependencias, pero la Secretaría de Talento Humano no avaló dichas decisiones. Según la Mesa, de forma paralela, no se estarían aprobando nuevos permisos bajo esta modalidad, “sin criterios públicos ni actos administrativos que lo justifiquen. Además, las autorizaciones vigentes, además, se dejarían vencer sin renovación”.

Para la Mesa el Decreto departamental 2023070003049 de 2023, que regula el teletrabajo en la Gobernación de Antioquia, continúa vigente por lo que “negarse a aplicarlo de manera sistemática, sin motivación ni criterios objetivos, constituye una omisión institucional”.

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