El Ejército, en conjunto con la Policía Nacional, presentó dos de sus más recientes operaciones en el Bajo Cauca antioqueño, con las que afectaron a estructuras criminales como el Clan del Golfo y el ELN.
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La primera se llevó a cabo en la vereda Puerto Jobo del municipio de Zaragoza, donde se capturó en flagrancia a alias “Cocoliso”, “el Oso” y “Costa”, quienes según las autoridades son presuntos integrantes del Clan del Golfo. Los tres estarían implicados en delitos como sicariato y la comercialización de estupefacientes en El Bagre y Zaragoza.
Una vez fueron detenidos, se les incautaron 291 dosis de cocaína y 183 cigarrillos de marihuana, avaluados aproximadamente en $14 millones. También tenían en su posesión dinero en efectivo y dos celulares hurtados.
El segundo procedimiento fue en la vereda El Barro de Tarazá. Allí, las autoridades dieron con dos laboratorios donde se procesaba pasta base de coca, los cuales, al parecer, funcionaban para aportar a las finanzas ilegales del ELN.
Ambos fueron destruidos, y entre los materiales encontrados destacan 300 galones de gasolina, 80 de pasta base de coca, otros 80 de cemento y 20 kilos de amoniaco en polvo. La incineración de estos entables ilegales afectaría a dicha organización criminal en cerca de $60 millones.
Más laboratorios de coca, pero en el Oriente
Camuflados en medio de la vegetación de un área rural del municipio de San Luis, en el Oriente antioqueño, estaban los cinco laboratorios para el procesamiento de cocaína que el Ejército encontró y destruyó en los últimos días.
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Según fuentes castrenses relacionadas con la Cuarta Brigada con sede en Medellín, este montaje de economía ilegal sería perteneciente al Clan del Golfo y específicamente a la subestructura Pacificadores de Samaná, del mencionado grupo armado organizado.
Como resultado de esta operación, los uniformados lograron la destrucción controlada de cerca de 200 kilos de pasta base de coca, equivalentes a 740 galones, junto con 225 kilos de insumos sólidos y 872 galones de insumos líquidos. Con ello, la afectación a las finanzas de la agrupación ilegal dueña de los estables se estima en más de 630 millones de pesos.
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