Un grupo de exministros y viceministros de salud alertó esta semana que el sistema de salud inicia 2026 más desfinanciado y con decisiones erráticas por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que agravarán los riesgos para pacientes y usuarios. Los exfuncionarios aseguraron que esas decisiones adoptadas en los últimos años han producido mayor incertidumbre, barreras de acceso y sufrimiento para la población.
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“El año 2025 terminó mal para quienes dependen del sistema de salud, y el 2026 comienza con decisiones que profundizan la desfinanciación y el deterioro del servicio, adoptadas con preocupante indiferencia frente a las advertencias técnicas, institucionales y humanas que se han hecho a lo largo de todo el año anterior”, advirtieron los exministros.
El grupo recordó que la Corte Constitucional, con Autos proferidos en 2024 y 2025, ha reiterado que el sector enfrenta un problema estructural de desfinanciación, asociado de manera directa al cálculo y ajuste de la unidad de pago por capitación (UPC).
Vale recordar que la UPC es la plata que el Estado le entrega mensualmente a las entidades promotoras de salud (EPS) para pagar la atención médica de sus afiliados. El aumento que hizo el Gobierno Petro de esa prima para este año fue del 9,03 % para el régimen contributivo y del 16,49 % para el régimen subsidiado.
Además, recordaron que la Procuraduría General de la Nación ha advertido sobre la fragilidad financiera del sistema y la ausencia de rigor técnico en las decisiones de política pública; mientras que la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el deterioro del acceso a los servicios, el aumento sostenido de quejas y tutelas y la creciente angustia de pacientes y familias. De igual manera, la Contraloría ha advertido que las ocho intervenciones administrativas adelantadas a EPS no han corregido las causas estructurales de la crisis.
Para los exfuncionarios, esta situación se ha visto agravada con las decisiones del Ejecutivo, como el incremento al salario mínimo, que quedó fijado en $2’000.000.
“El incremento del salario mínimo decretado para 2026, aunque mejora el poder adquisitivo de cerca del 10 % de la población laboralmente activa, genera un efecto significativo sobre las finanzas públicas y sobre el sistema de salud. De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal el déficit aumentaría en 5,3 billones este 2026 por esa razón”, indicaron los exfuncionarios.
De otra parte, se estima que este aumento implica un costo adicional cercano a $4,5 billones para el sector salud, equivalente aproximadamente al 40 % de los recursos anunciados por el propio Gobierno para el incremento de la UPC”, añadieron.
En ese sentido los exministros advirtieron que el Gobierno cerró el 2025 sin corregir esos rezagos históricos de la UPC, incumpliendo nuevamente las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con el reconocimiento de insuficiencias pasadas, omisión que prolonga el desacato e incrementa los desafíos del sistema.
El documento fue firmado por exministros como Jaime Arias, Augusto Galán, Gabriel Riveros, Alejandro Gaviria y Beatriz Londoño, entre otros.
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