Un viejo dicho, común en el mundo de los contratos estatales, afirma, palabra más palabra menos: “para abogados, los ingenieros de la Escuela de Minas”. Con esta frase, se describe el conocimiento de los ingenieros sobre los alcances de las normas que regulan la contratación. Créase o no, nuestros ingenieros, debidamente apoyados por sus abogados de confianza, con fundamento en sus estudios, su experiencia y su respeto por la asesoría jurídica, desarrollan un especial sentido para interpretar las reglas y conflictos que cada contrato plantea en términos jurídicos.
Algo distinto parece estar sucediendo en el ámbito de la Casa Presidencial. El jefe de Estado no necesariamente tiene que ser jurista, tampoco tiene que ser especialista en materia de derecho público, razón por la cual puede disculparse sus “interpretaciones” equivocadas en asuntos propios del campo jurídico. Pero el presidente cuenta con una sólida estructura jurídica, que puede discrecionalmente utilizar para efectos de interpretar los distintos asuntos sometidos a su consideración. En primer lugar, la secretaría jurídica con toda su estructura. Normalmente, los gobiernos se preocupan por integrar este organismo con juristas de alta calificación, precisamente para tener un adecuado acompañamiento en sus decisiones. En segundo término, también es común que otros ministerios sean ocupados por reconocidos profesionales del derecho, quienes, sin exceder el ámbito de su competencia, sirven de guía a las decisiones del jefe de Estado. Particularmente han sido muy útiles para los gobernantes, los ministros del interior, el de justicia y del derecho y el canciller. En tercer lugar, como si no bastara con el esquema jurídico que rodea al presidente, desde su creación, Simón Bolívar concibió el Consejo de Estado como un órgano asesor del gobierno para las más altas y delicadas decisiones. Posteriormente, a partir de la segunda década del siglo XX el Consejo de Estado asumió el papel de órgano máximo de la jurisdicción contenciosa administrativa, instaurada para la resolución de los conflictos judiciales de la administración pública. Sin embargo, al interior del Consejo se conservó la Sala de Consulta y Servicio Civil, que se creó y se mantiene, precisamente para que el gobierno cuente con una instancia especial y exclusiva para formular consultas sobre la constitucionalidad, legalidad y los alcances jurídicos, de las decisiones más importantes del Estado. Durante los gobiernos de Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos, hicimos parte de esta Sala, y doy fe del respeto y seriedad con que eran formuladas las consultas jurídicas, antes de las grandes decisiones, pensando precisamente en tener una instancia de interpretación de alto nivel.
Quiero ser muy respetuoso, pero, no obstante, el grado de asesoría con que cuenta el presidente actual, es preocupante lo que viene viviendo el país. Lo que ha sucedido con los denominados decretazos del gobierno, incluyendo el equivocado decreto de emergencia económica, que seguramente será suspendido y luego declarado inconstitucional por la Corte, parece mostrar que las normas constitucionales y legales no se están interpretando, sino acomodando a la voluntad del jefe de Estado.
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