La geografía del riesgo electoral en Colombia se ha transformado drásticamente en los últimos cuatro años, ante una posible amenaza que ponga en jaque las próximas elecciones en el país, comprometiendo la seguridad de los candidatos y votantes.
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Según información revelada recientemente por Semana, el control territorial de grupos armados ilegales pasó de 150 municipios a más de 600 localidades en la actualidad, por medio de un presunto plan que preocupa a las comunidades y autoridades.
Esta expansión sin precedentes coloca a casi nueve millones de personas bajo un sistema de coacción directa que condiciona el ejercicio del voto y la supervivencia de los candidatos a meses de los comicios legislativos y presidenciales.
La gobernanza armada en las regiones
En departamentos como Caquetá, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Meta, las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra han instaurado una estructura de gobernanza ilegal.
Estos grupos imponen reglas de conducta, restringen la movilidad ciudadana y determinan quiénes pueden o no aspirar a cargos de elección popular. La advertencia para quienes desafían estas órdenes es el desplazamiento o la muerte. La consolidación de este control incluye tácticas como la carnetización forzada y la vigilancia estricta de horarios.
Según reportes documentados por Semana, comunidades enteras han sido obligadas a votar bajo la mirada de hombres armados, mientras que las juntas de acción comunal, bajo amenaza, deben entregar listados detallados de habitantes y sus posibles tendencias de votación.
Testimonios sobre la vigilancia y presión a la hora de votar
La realidad en territorios como el Catatumbo fue descrita por sus propios líderes sociales: “Acá solo pueden hacer campaña los políticos que ellos digan”. A esta situación se suman grabaciones en poder de la justicia donde se exhibe a cabecillas ordenando apoyo masivo a candidatas específicas bajo advertencia de represalias.
La libertad de voto se ha visto anulada en diferentes zonas del país, como lo son Jamundí, Cauca y Nariño, mediante la imposición de votaciones en bloque.
Lina Tabares, defensora de derechos humanos de Fundterpaz, relató a Semana esta situación. “El miedo ya no es solo miedo, es terror... La posibilidad de denunciar es prácticamente inexistente”, expresó. Para la defensora, es imposible hablar de un “voto libre” en estos contextos rurales.
La expansión a zonas urbanas
El modus operandi criminal abarca el perfilamiento de candidatos y el bloqueo sistemático a la oposición. En el Cesar, nuevos grupos vinculados al Clan del Golfo cercan áreas rurales para impedir la competencia política.
En Barranquilla, testimonios recogidos por el medio mencionado indicaron que el acceso a los barrios está restringido: “Solo algunos candidatos logran entrar, mientras otros son expulsados con violencia. La gente tiene miedo y miedo de participar en política”, relató un líder desplazado.
Esta presión ha permeado ciudades como Medellín, Barranquilla y Soledad, donde se registran actos de proselitismo controlados y financiamiento ilegal vinculado al narcotráfico. Ante este panorama, el exministro de Defensa Diego Molano advirtió: “Lo más factible es que tengamos elecciones bajo la sombra del fusil”.
Alertas institucionales y retroceso democrático
La Federación Nacional de Departamentos ha solicitado al Gobierno Nacional acciones urgentes dentro del Plan Democracia para proteger el derecho al voto. Por su parte, la Registraduría Nacional, aunque prevé instalar 7.450 puestos rurales, reconoce que 104 municipios enfrentan alertas graves por riesgos armados.
Iris Marín, de la Defensoría del Pueblo, afirmó a Semana la necesidad de respuestas diferenciadas ante la fragmentación de los actores ilegales. Asimismo, la MOE instó a proteger a los funcionarios y asegurar el despliegue de la fuerza pública.
Leonardo González, de Indepaz, señaló que esta gobernanza determina la vida política regional mediante el ataque a puestos de votación y el control de la organización local. Los datos oficiales de la MOE reflejan un aumento del 179 % en hechos de violencia política entre 2022 y 2025.
En regiones como Cauca, Valle, Nariño, Putumayo y Antioquia, la convergencia entre el control criminal y la debilidad institucional configura un escenario de participación inducida donde la voluntad del electorado queda supeditada a la presión de las armas.
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