El Gobierno Nacional, en medio de su afán por cerrar su mandato, ha realizado movimientos críticos en las últimas semanas, entre ellos un ultimátum para contratar, a diestra y siniestra, antes de que empiece a regir plenamente la ley de garantías en distintos ministerios y entidades del Estado. Esto ocurre porque hay plazo hasta el 31 de enero para que las entidades estatales realicen nuevas contrataciones directas, restricción que se extenderá hasta la segunda vuelta presidencial.
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El desperdicio técnico
Las denuncias son múltiples. Varias entidades han reportado despidos o solicitudes de renuncias protocolarias dentro de esta administración, a la que le restan cerca de siete meses en la Casa de Nariño.
Una de las entidades impactadas es la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), adscrita al Ministerio de Hacienda, encargada de diseñar la regulación aplicable a bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, comisionistas de bolsa, cooperativas y el sector fiduciario. En medio de controversias, esta institución ha perdido a varios de sus principales “cerebros”.
Dada su alta especialización, los reemplazos no son fáciles. Un experto del sector económico, que pidió reserva de su nombre, explicó que “la regulación financiera requiere conocimientos específicos: los reguladores no pueden improvisar, deben entender la mecánica del sistema financiero y cómo responde ese sistema a la regulación”, para que esta pueda proteger y beneficiar al ciudadano.
El analista añadió que cada segmento del sistema financiero tiene complejidades propias. “Para diseñar una regulación a los seguros, se debe conocer la ciencia actuarial, que es la que le permite a los aseguradores calcular las reservas necesarias para responder en caso de accidente. Eso es complejo, no se aprende de un día para otro”, afirmó.
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Hace un mes, la entonces directora de la URF, Mónica Higuera, presentó su renuncia tras señalar que desde el Gobierno Nacional “se han tomado decisiones que no comparto”. Desde su salida, se han producido nuevas remociones en la entidad.
Las denuncias y las hojas de vida
El 13 de enero, en la página oficial de la Presidencia, que publica las hojas de vida de quienes se integrarán a entidades vinculadas al Estado, se difundieron cinco nuevos perfiles que llegarían a la URF. Entre ellos figuran Violeta María Aguilar Abaunza, Carlos Eduardo Sandoval Moreno, Lina María Rodríguez Barón, Lucas Rodríguez Gómez y Juan Oswaldo Manrique Camargo.
Una fuente consultada por este diario, quien salió anteriormente de la URF, explicó que los recientes cambios al interior de la entidad obedecen a las facultades discrecionales de la nueva directora, Diana Larisa Caruso. “Eso pasó ahorita. Y pues es porque la nueva directora tiene su facultad de nombrar personas de su discreción y confianza”, señaló.
No obstante, advirtió que la naturaleza del trabajo regulatorio impone exigencias técnicas que van más allá de decisiones administrativas. “El ciclo regulatorio de construcción normativa es bastante estricto. Los decretos necesitan cierto conocimiento de temas muy especializados”, afirmó. A su juicio, esa experticia no estaría reflejada en algunos de los nuevos nombramientos. “En lo que yo veo, no es lo que aparece en las hojas de vida de esas personas”, concluyó.
Y es que, al tratarse de una entidad tan particular, los perfiles que se requieren para ocupar sus cargos son especialmente difíciles de encontrar y, si bien pueden contar con conocimientos generales del sector, no necesariamente con la experiencia técnica requerida.
Uno de los perfiles, por ejemplo, contaba con más de 12 años de experiencia en regulación prudencial, considerada la columna vertebral del sistema financiero, pero desde el viernes ya no estará vinculado a la entidad. EL COLOMBIANO se comunicó con esta persona para conocer su versión; sin embargo, señaló que aún se encontraba “en trámites administrativos de entrega” y que, por esa razón, se abstenía de entregar su versión.
Lo que dice la URF
Desde el área de comunicaciones de la URF confirmaron que se han producido destituciones y señalaron que la entidad “ha adoptado decisiones administrativas relacionadas con cargos de libre nombramiento y remoción”.
Aseguraron que se trata de “procedimientos ordinarios” que no afectan la continuidad de los proyectos regulatorios y que “las decisiones adoptadas se enmarcan en el ejercicio legítimo de la función administrativa y no corresponden a actuaciones arbitrarias, sino a procesos normales de organización interna”.
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